Una oposición férrea a la propuesta de regionalización de subastas que fuera impulsada desde el COR3 y que amenaza la participación de firmas locales en los proyectos de reconstrucción del País ha unido las voces de los principales colegios profesionales de la industria del diseño y construcción en Puerto Rico.
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el capítulo local del American Institute of Architects y el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores expresaron su rechazo a las expresiones públicas del saliente director ejecutivo de COR3, Eduardo Soria Rivera. Se aludió a la agrupación y regionalización de subastas de diseño y construcción para atraer firmas de Estados Unidos a proyectos de reconstrucción en Puerto Rico.
Según reseñado públicamente, COR3 favorecería la creación de grandes agrupaciones de proyectos bajo el argumento de que “nadie vendrá de Estados Unidos para un diseño de $1 millón o $3 millones” y que los proyectos deben hacerse “más atractivos” para compañías externas.
En sendos comunicados las agrupaciones consideraron que las expresiones representan una amenaza directa.
“Estas expresiones resultan profundamente preocupantes y ofensivas para los profesionales puertorriqueños de la arquitectura, la arquitectura paisajista, la ingeniería y la agrimensura, pues reflejan una visión de política pública discriminatoria dirigida a desplazar progresivamente a las firmas locales, para concentrar la contratación pública en corporaciones foráneas”, expresaron los arquitectos y los ingenieros.
Las organizaciones también señalaron que una política de este tipo tendría consecuencias sobre la economía local y el desarrollo profesional en Puerto Rico. “Esto además debilita seriamente la práctica profesional en Puerto Rico y afecta las arcas del país, al mover fondos que se necesitan para mover la economía local, exportándolo fuera de la jurisdicción”, añade el comunicado.
El comunicado advierte además sobre el impacto de favorecer conglomerados externos sobre oficinas y prácticas locales.
“Nos preocupa profundamente que se impulse un modelo de contratación que discrimine contra los profesionales locales, para deliberadamente favorecer exclusivamente a economías extranjeras de gran escala y grandes conglomerados externos, sin considerar el impacto devastador que ello tendría sobre cientos de oficinas y prácticas profesionales locales que durante décadas han sostenido la economía del diseño y la construcción en Puerto Rico”, expresaron.
El Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores también oficializó su oposición.
“La reconstrucción de Puerto Rico no puede basarse en la premisa de que nuestros profesionales necesitan ser reemplazados para lograr resultados más rápidos…”
“La reconstrucción de Puerto Rico no puede medirse únicamente desde una perspectiva de estadísticas y cemento; tiene que responder a la realidad humana, climática y cultural de quienes habitan estos espacios”, expresó Yahaira De León, presidenta del CODDI, en comunicado en las redes sociales del gremio.
Las agrupaciones argumentaron que la política propuesta es contraria a la Ley Núm. 14 del 8 de enero de 2004, o Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, promueve que el Gobierno de Puerto Rico, municipios y corporaciones públicas otorguen preferencia a servicios y productos locales en sus compras y subastas.
Ante el escenario, las organizaciones hicieron un llamado al gobierno, la Asamblea Legislativa, los municipios y las agencias públicas para que toda estrategia de reconstrucción garantice la participación significativa y prioritaria de profesionales y firmas locales licenciadas en Puerto Rico.
